“Gravedad Institucional”: abogados advirtieron sobre la designación de 30 funcionarios judiciales por parte del Gobierno

Este lunes los abogados Francisco Guiñazú, Nasrin el Chaer, Enrique Ipiña y Cecilia Hissa advirtieron “con preocupación” que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá habilitó la designación “provisoria y discrecional” de 30 funcionarios judiciales (fiscales y defensores adjuntos), mediante un decreto.

Al mismo tiempo plantearon que lo hizo con “la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores”, enmarcado en el nuevo código de procedimientos penales, para la puesta en marcha del sistema acusatorio (1/2/22).

“La urgencia planteada no justifica la designación de funcionarios que no tendrán el proceso de evaluación previsto en la ley 615/08, que procura garantizar la ‘idoneidad’ como requisito de admisibilidad (art. 23 de la Constitución Provincial)”, expusieron en el escrito.

Consideraron que resulta de “extrema gravedad institucional”, aunque la decisión esté respaldada por el art. 118 de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno provincial a través de la ley 0086-2021.

“Resaltamos que han transcurrido más de cinco meses desde que fuera aprobado el nuevo código y desde que se sancionara la nueva ley orgánica de Administración de Justicia, por lo que hubo suficiente tiempo para poner en marcha las evaluaciones previstas para los funcionarios judiciales y no se hicieron”, cuestionaron.

También aseguraron que “las garantías y derechos más importantes de las que gozamos los ciudadanos (vida, libertad, propiedad, honor etc) pueden depender de quienes resulten discrecionalmente elegidos para ocupar esos cargos”.

Criticaron que “una negligencia (omitir evaluaciones) no puede subsanarse con otra negligencia (designaciones discrecionales y provisorias), por lo que instamos a quienes forman parte de la estructura del poder dominante en la provincia, a priorizar la ‘idoneidad’, como resguardo constitucional para un mejor servicio de Justicia”.